La justicia abre la vía penal contra el PP por la venta de vivienda pública en Madrid

La justicia abre la vía penal contra el PP por la venta de vivienda pública en Madrid
La justicia abre la vía penal contra el PP por la venta de vivienda pública en Madrid

La justicia abre la vía penal contra el PP por la venta de vivienda pública en Madrid

Hoy nos hemos despertado con la noticia de que la audiencia provincial de Madrid ha abierto la vía penal contra el Partido Popular por posibles delitos de prevaricación, malversación y fraude, vinculados a la venta de 1.860 viviendas públicas del Ayuntamiento de Madrid (es decir, de todos los madrileños) por parte del gobierno municipal de Ana Botella. Mientras otros países europeos se esforzaban en ampliar su parque de vivienda pública, el Partido Popular de Madrid se esforzaba en venderla, y no a cualquier postor, ni de cualquier manera. La vendía a quién sabía que iba a especular con ella, sin ánimo alguno de garantizar un derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución española, y la vendía en unos términos que son, según la justicia española, constitutivos de delito. Además (y esto es particularmente doloroso), la vendía con familias dentro, familias madrileñas en dificultades que habían obtenido por parte del Ayuntamiento de Madrid un alquiler social como vía de ayuda para que no vieran vulnerado su derecho fundamental a una vivienda digna.

Nos alegramos de que la justicia vea esto como lo vemos nosotros, y de que tome medidas para investigar la comisión de delitos por parte del Partido Popular. Madrid ha sido uno de los epicentros del abuso bancario con las hipotecas y la connivencia del estado, que ha preferido mirar a un lado y guardar la Constitución en un cajón mientras se producían cientos de miles de desahucios de familias madrileñas. Pero, al mismo tiempo, ha sido epicentro de una de las reacciones de la sociedad civil de la que sentimos más orgullo. Porque son muchísimos los desahucios parados por PAH Madrid y por la coordinadora de vivienda, por todos los colectivos que han reivindicado en Madrid el derecho a la vivienda, y por todas las personas anónimas que han puesto su cuerpo para que una familia a la que no conocían no fuera expulsada a la calle sin alternativa habitacional. La misma gente que ha presentado hace unas semanas en la Asamblea de Madrid una ILP con medidas para garantizar el derecho a la vivienda, y que desde Podemos apoyamos sin fisuras.

Desde que Manuela Carmena y Ahora Madrid (candidatura que impulsamos y de la que formamos parte activa) llegaron al gobierno municipal de la ciudad en mayo del 2015, hemos mostrado un compromiso firme con el derecho a la vivienda. Un compromiso que se ha traducido siempre en hechos. El reforzamiento, modificación de los estatutos y nuevo reglamento de la empresa municipal de la vivienda y suelo (EMVS); compromiso con acabar la legislatura con más de 4.000 nuevas viviendas sociales, que permitan a Madrid recuperar el parque de vivienda pública vendida por el PP; el compromiso con una nueva política de vivienda que ponga el foco en el alquiler.

Seguimos avanzando, pero no lo hacemos solos. La sociedad civil organizada y los colectivos que defienden el derecho a la vivienda son necesarios. Los vecinos y vecinas de Madrid que participan en sus barrios y que saben que hay alternativa, son necesarios. La valentía de alguien como Arancha Mejías, que da el paso para denunciar el acoso de los fondos a las familias que resisten en sus viviendas. Que nunca más un ayuntamiento de este país vuelva a vender vivienda pública a un fondo buitre ni a nadie. La vivienda es un derecho, no un negocio.

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